El Tribunal Supremo de Estados Unidos está a punto de pronunciarse sobre una sorprendente cuestión vista desde Europa: ¿puede el Gobierno federal seguir prohibiendo a los consumidores de cannabis poseer legalmente armas de fuego?
El 20 de octubre de 2025, los magistrados acordaron escuchar el caso Estados Unidos contra Hemani, que podría redefinir cómo se aplica la sección 922(g)(3) de la Ley de Control de Armas de 1968 a millones de estadounidenses que consumen cannabis, incluso en estados donde es legal.
La decisión podría reafirmar la autoridad del gobierno federal para restringir las armas de fuego en función del consumo de drogas o invalidar un elemento clave del marco de control de armas de la nación, marcando un cambio histórico en el tratamiento de los consumidores de cannabis y otras drogas ilegales bajo la ley federal.
Ley federal en el punto de mira
La sección 922(g)(3) ilegaliza la compra o posesión de armas de fuego o munición por parte de cualquier «persona que consuma ilegalmente o sea adicta a una sustancia controlada». Esto incluye el cannabis, que sigue siendo una sustancia controlada de categoría I a nivel federal, junto con sustancias como la heroína y el LSD.
El Departamento de Justicia lleva tiempo defendiendo la ley, argumentando que «se dirige a una clase de personas que presentan un claro peligro de uso indebido de armas de fuego». En su escrito presentado ante el Tribunal en junio, el procurador general de EEUU, D. John Sauer, nombrado por el presidente Donald Trump, argumentó que la ley «cumple con la Segunda Enmienda» y pretende proteger la seguridad pública desarmando a los «consumidores habituales de drogas ilegales».
Sin embargo, analistas jurídicos han señalado que la palabra «habitual» no aparece en la ley. La vaga redacción de la ley significa que cualquiera que admita haber consumido cannabis, aunque sólo sea una vez, podría perder técnicamente su derecho a poseer o comprar un arma de fuego. Esta contradicción es una fuente creciente de conflictos legales en un país donde 24 estados han legalizado el cannabis recreativo para adultos y casi 40 permiten su uso medicinal.
El caso Hemani
El caso Hemani fue cuidadosamente seleccionado por el Departamento de Justicia entre una serie de casos similares. El acusado, un ciudadano estadounidense y paquistaní acusado de consumir cannabis y cocaína y de tener presuntos vínculos con entidades iraníes, presenta un perfil complejo. Los observadores jurídicos sugieren que el gobierno eligió este caso porque presenta un acusado menos simpático, lo que podría facilitar su defensa.
En los últimos años, los tribunales inferiores han emitido sentencias contradictorias, algunas declarando inconstitucional la prohibición y otras defendiéndola por ser coherente con los objetivos de seguridad pública.
En 2023, el 5º Tribunal de Apelaciones de EE.UU. dictaminó que no se puede desarmar a los ciudadanos «basándose únicamente en su consumo de drogas en el pasado», al considerar que dicha política carecía de fundamento histórico. Del mismo modo, en septiembre de 2025, el Tribunal de Apelaciones del 11º Circuito sostuvo que la prohibición federal no se aplicaba a los pacientes que consumen cannabis con fines médicos de acuerdo con la legislación estatal.
En otra decisión importante, el Tribunal de Apelaciones del Décimo Circuito se puso de parte de un hombre de Oklahoma a quien se incautó un arma de fuego después de que la policía encontrara cannabis en su coche. El tribunal consideró que el gobierno no había demostrado que los consumidores de cannabis no intoxicados supusieran un riesgo de violencia futura, afirmando que la investigación era «más propiamente competencia del tribunal de distrito».
Por otra parte, un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Octavo Circuito revocó la condena de un acusado y devolvió el caso, cuestionando si el consumo de cannabis en sí mismo convierte a una persona en «peligrosa». Por su parte, el Tercer Circuito subrayó la necesidad de «juicios individualizados» a la hora de aplicar la ley, señalando que una prohibición uniforme podría violar las protecciones constitucionales.
Tensiones legales entre la ley federal y los estados
En los estados donde el cannabis es legal, los consumidores responsables que posean armas de fuego siguen corriendo el riesgo de ser procesados por la ley federal. Por ejemplo, cualquiera que compre un arma de fuego a un distribuidor autorizado debe rellenar un formulario federal (ATF Form 4473) en el que se hacen preguntas sobre el consumo de drogas ilegales. Admitir el consumo de cannabis, incluso en un estado en el que su venta es legal, supone admitir la comisión de un delito federal.
La discrepancia ha alimentado la frustración entre los propietarios de armas, veteranos y pacientes médicos que confían en el cannabis con fines terapéuticos. Varios legisladores, entre ellos algunos senadores republicanos, han criticado públicamente la incoherencia, argumentando que si los consumidores de alcohol pueden poseer legalmente armas de fuego, los consumidores de cannabis deberían recibir el mismo trato.
Cuestiones constitucionales pendientes
La mayoría conservadora del Tribunal Supremo ha elevado en los últimos años el nivel de restricciones al derecho a portar armas. En su decisión de 2022 en New York State Rifle & Pistol Association v. Bruen, el Tribunal dictaminó que la regulación de las armas de fuego debe ser coherente con la «tradición histórica» de la ratificación de la Segunda Enmienda en 1791.
Desde entonces, este precedente ha llevado a tribunales inferiores a revocar leyes que carecen de un análogo histórico claro, lo que arroja dudas sobre si el artículo 922(g)(3) puede resistir el escrutinio.
El Departamento de Justicia se ha basado en ejemplos obsoletos, como las restricciones impuestas en el siglo XVIII a los católicos, los esclavos o los nativos americanos, y ha sido ampliamente criticado por ser jurídica y moralmente inadecuado.
Si el Tribunal Supremo de EE.UU. ratifica la ley, afirmará el poder del gobierno federal para restringir la posesión de armas a todos los consumidores de drogas ilegales, independientemente de la legalización a nivel estatal.
Pero si anula o restringe la ley, la decisión podría conceder a decenas de millones de consumidores de cannabis un nuevo acceso a sus derechos de la Segunda Enmienda, al tiempo que obligaría al Gobierno a replantearse la penalización más amplia del consumo de cannabis.
El resultado del caso Estados Unidos contra Hemani se espera para 2026.
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