El presidente Donald Trump ha confirmado que su administración está estudiando la posibilidad de reclasificar el cannabis bajo la ley federal. El proceso se había iniciado en 2024 bajo la administración Biden, pero no había llegado a buen puerto antes del traspaso de poderes.
En una rueda de prensa sobre supervisión federal en Washington, Trump dijo a los periodistas que la decisión sobre la clasificación del cannabis podría tomarse «en las próximas semanas». Según el Wall Street Journal, la cuestión también se planteó en una recaudación de fondos privada celebrada a principios de este verano en el club de golf de Trump en Nueva Jersey, donde las entradas costaban un millón de dólares cada una. Entre los asistentes se encontraba Kim Rivers, consejera delegada de Trulieve, una de las mayores empresas de cannabis de EE.UU. que, en particular, había apostado erróneamente 75 millones de dólares a la legalización del cannabis en Florida. Al parecer, Rivers instó a Trump a apoyar la reclasificación y desarrollar la investigación médica.
Esta nueva oleada de grupos de presión es un ejemplo de la influencia cada vez mayor de la industria del cannabis en la configuración de la política federal. Para las empresas, hay mucho en juego: la reclasificación allanaría el camino para las deducciones fiscales estándar actualmente bloqueadas por el código tributario estadounidense debido a la condición de sustancia de Clase I del cannabis.
¿Qué significaría la clasificación en la Categoría III?
Actualmente, el cannabis está incluido en EE.UU. junto a la heroína y el LSD en la Categoría I de la Ley de Sustancias Controladas (CSA), una categoría reservada para sustancias consideradas sin utilidad médica y con un alto potencial de abuso. Trasladar el cannabis a la Categoría III lo situaría en la misma categoría que la ketamina, la codeína y la testosterona.
Este cambio no supondría una legalización total. Sin embargo, permitiría:
- aliviar las penas federales por posesión y distribución
- ampliar la investigación médica sobre el cannabis
- permitir que las empresas de cannabis se beneficien de las deducciones fiscales estándar
Para una industria que se espera que generará 34.000 millones de dólares en ingresos este año, esta reforma podría marcar un punto de inflexión. Inversores y ejecutivos afirman que desbloquearía nuevos capitales, atraería a los bancos tradicionales y aceleraría la innovación.
La opinión pública está dividida, pero crece el apoyo
Mientras la administración Trump se plantea una reclasificación, la opinión pública va más allá. Una encuesta realizada por Emerson College los días 25 y 26 de agosto reveló que el 65% de los votantes registrados piensa ahora que la legalización a nivel nacional sería una «buena idea». Esta cifra supone una subida de cinco puntos con respecto al pasado mes de octubre.
El apoyo varía mucho según las opiniones políticas y las generaciones:
- Demócratas: 79% a favor
- Independientes: 66%
- Republicanos: 49%
La edad juega un papel clave, ya que los votantes menores de 30 años (71%) y los de 40 (74%) muestran los mayores niveles de apoyo. Por el contrario, los estadounidenses de más de 70 años siguen divididos, con una escasa mayoría (52%) contraria a la legalización.
Para el encuestador Spencer Kimball, director de Emerson College Polling, las implicaciones son claras: «Si Trump tomara la decisión de legalizar el cannabis, realmente podría cambiar la tendencia a su favor, que ha estado bastante estancada en los últimos meses.»
El regreso de la Ley MORE
La reclasificación no es la única reforma que se está estudiando. Al mismo tiempo, 40 legisladores demócratas han vuelto a presentar la Ley MORE (Marijuana Opportunity, Reinvestment and Expungement Act), cuyo objetivo es eliminar el cannabis de la CSA por completo.
A diferencia de la reclasificación, que mantiene el cannabis en las listas federales de sustancias controladas, la Ley MORE lo trataría más como el alcohol o el tabaco, dejando la regulación en gran medida a los estados. La Ley MORE incluye:
- El borrado de condenas federales relacionadas con el cannabis
- Revisiones de sentencias para los que siguen encarcelados
- Protección frente a la pérdida de prestaciones o estatus migratorio para personas con antecedentes penales relacionados con el cannabis
- Un impuesto federal a partir del 5% sobre las ventas de cannabis, que aumentará al 8% en un plazo de cinco años
- Tres programas de subvenciones: reinversión comunitaria, préstamos para pequeñas empresas y asistencia para la concesión de licencias justas
Para el representante Jerry Nadler, que lidera la iniciativa, el objetivo es claro: «Ya es hora de despenalizar la marihuana a nivel federal, borrar las condenas relacionadas con la marihuana y facilitar la revisión de las sentencias, al tiempo que se reinvierte en las comunidades más afectadas por la guerra contra las drogas.»
Otros copatrocinadores, como Ilhan Omar y Nydia Velázquez, se centraron en la equidad y las oportunidades económicas, subrayando que la legalización también debe traer equidad y justicia a las comunidades históricamente atacadas por la prohibición.
Entre el crecimiento industrial y la justicia social
El debate pone de relieve una paradoja central. Por un lado, la industria legal del cannabis está floreciendo, empleando a más de 440.000 personas y generando decenas de miles de millones de dólares al año. Por otro, la prohibición sigue enviando a miles de personas a la cárcel o a procedimientos de inmigración.
Grupos de defensa como la Drug Policy Alliance, NORML y el Last Prisoner Project insisten en que la reclasificación es insuficiente. Como dijo Maritza Pérez Medina, de la Drug Policy Alliance, «mientras la marihuana siga en la Ley de Sustancias Controladas, seguirá criminalizada a nivel federal, sin importar en qué clasificación quede.»
Los críticos también advierten de que la Clase III podría beneficiar principalmente a las compañías farmacéuticas, permitiéndoles dominar el mercado de medicamentos basados en cannabis, al tiempo que exprimen a los pequeños cultivadores y negocios locales que han sostenido la industria durante décadas de prohibición.
Un tablero de ajedrez político
La resistencia sigue siendo fuerte, sobre todo entre algunos republicanos. Nueve legisladores del GOP enviaron recientemente una carta instando a Trump a rechazar la reclasificación, calificando la propuesta anterior de Biden de «corrupta y defectuosa». Advirtieron que la reclasificación daría a los jóvenes la impresión de que el cannabis es inofensivo, al tiempo que daría miles de millones de dólares en exenciones fiscales a «cárteles y corporaciones».
Sin embargo, 32 fiscales generales estatales han presionado en la dirección opuesta, pidiendo al Congreso que avance en la legalización y apoye medidas como la Ley de Banca SAFER, que finalmente permitiría a las empresas de cannabis acceder al sistema financiero. Argumentan que mientras el cannabis ya es legal en la mayoría de los estados, bloquear el acceso a los servicios bancarios sólo aumenta los riesgos de seguridad y dificulta la recaudación de impuestos.
¿Qué sigue?
La reforma de Trump podría dar lugar al cambio más significativo en la política federal sobre el cannabis en más de 50 años. Pero el camino a seguir sigue siendo incierto: ¿se detendrá la administración en la reclasificación, o la presión del Congreso y el público empujará hacia la legalización total?
Lo que está claro es que la guerra contra las drogas, lanzada hace casi un siglo con el racismo como telón de fondo, no ha conseguido frenar el consumo y ha alimentado el encarcelamiento masivo. Al mismo tiempo, los mercados legales se han convertido en motores de un crecimiento económico de varios miles de millones de dólares.
Ya sea a través de una reforma gradual en el marco del Anexo III o de una legislación radical como la Ley MÁS, 2025 podría ser un año crucial. Esta elección determinará no sólo el futuro de la industria del cannabis, sino también si EE.UU. logrará finalmente conciliar décadas de política punitiva con las realidades de la sociedad moderna.
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