El Gobierno italiano invoca sus poderes de emergencia para prohibir inmediatamente las flores de cáñamo

El Gobierno italiano parece haber clavado el último clavo en el ataúd del cannabis light en Italia al adoptar una prohibición general que podría acabar con un sector cuyo valor se estima en 2.000 millones de euros y que afecta a más de 22.000 trabajadores.

Tras meses de incertidumbre, la decisión de prohibir las flores de cáñamo industrial -independientemente de su contenido de THC- se adoptó por la vía rápida mediante un decreto-ley, evitando el control parlamentario y acelerando la aplicación de la ley en todo el país.

Aunque las vías jurídicas y políticas siguen abiertas tanto a escala nacional como de la UE, la realidad inmediata es desalentadora: miles de empresarios del cáñamo son ahora considerados delincuentes por la legislación italiana.

«Con esta norma, el Gobierno no sólo está regulando un sector: está destruyendo una realidad económica, acabando con inversiones que han construido un futuro y provocando la posible quiebra de más de 3.000 empresas, con la consiguiente pérdida de 30.000 puestos de trabajo», ha declarado la asociación italiana del cáñamo, Canapa Sativa Italia.

¿Qué ha pasado?

El 31 de julio de 2024, las comisiones mixtas de Asuntos Constitucionales y Justicia de Italia aprobaron una enmienda al Proyecto de Ley de Seguridad -artículo 18- que reclasifica como estupefacientes todas las formas de flores de cannabis, incluido el cáñamo industrial de bajo THC.

Esta controvertida enmienda penaliza el cultivo, la venta, el procesamiento y la exportación de flores, hojas y derivados del cáñamo, equiparándolos al cannabis con alto contenido en THC, a pesar de su situación legal en la UE.

Aunque el proyecto de ley encontró resistencia interna, incluso dentro de la coalición gobernante de la primera ministra Giorgia Meloni, fue relanzado abruptamente a finales de la semana pasada. El Gobierno lo presentó como un decreto-legge (decreto-ley), mecanismo constitucional reservado a los asuntos urgentes. De este modo, la ley evitaba cualquier otro debate parlamentario y entraba en vigor inmediatamente.

De momento, el decreto es temporal. El Parlamento dispone de 60 días para transformarlo formalmente en ley. Mientras tanto, el presidente Sergio Mattarella tiene la potestad de firmarlo o devolverlo para su revisión.

Reacción de la industria y respuesta legal

La industria italiana del cáñamo ha reaccionado con indignación, movilizando equipos jurídicos, preparando demandas y organizando manifestaciones públicas.

Giacomo Bulleri y Carlo Alberto Zaina, abogados que representan a Federcanapa, argumentan que el artículo 18 fue diseñado específicamente para cerrar el mercado de la flor de cáñamo, independientemente de los niveles de THC, un enfoque que, según ellos, viola tanto la ley constitucional italiana como los tratados internacionales.

«Este decreto criminaliza a todo un sector agroindustrial sin justificación científica, sin claridad jurídica y sin período de transición», escriben. «Viola los principios de seguridad jurídica, empresa justa y derecho europeo»

Su análisis señala que la vaguedad de la ley contradice el apartado 2 del artículo 25 de la Constitución italiana, que exige claridad jurídica, y no tiene en cuenta los cannabinoides no psicotrópicos como el CBD, el CBG y el CBN, compuestos ampliamente comercializados en la Unión Europea.

El recurso legal a nivel nacional y europeo se considera ahora inevitable.

En un comunicado emitido el fin de semana, Imprenditori Canapa Italia (ICI), otra asociación italiana en torno al cáñamo industrial, afirmó: «Nos encontramos ante un acto de una gravedad sin precedentes, que marca una página negra para el Estado de derecho, la libertad de empresa y las garantías constitucionales.

«De un plumazo, el Gobierno ha decidido convertir en delincuentes a miles de honrados empresarios, culpables únicamente de ejercer una profesión legal, pagar regularmente sus impuestos y crear puestos de trabajo.»

«Esta norma no tiene nada que ver con la seguridad nacional. Es una opción ideológica, punitiva e irresponsable que expone a Italia al ridículo internacional, socava el principio de competencia leal, viola la legislación europea y allana el camino a demandas millonarias y a probables procedimientos de infracción».