El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha pedido públicamente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ponga fin a la prohibición del cannabis y la sustituya por un marco regulado para el consumo de adultos y las exportaciones internacionales. Sus comentarios, publicados recientemente en X, reavivan el debate sobre la guerra global contra las drogas, su eficacia y su coste humano.
«Colombia pone el dinero y los muertos en esta lucha, mientras que Estados Unidos pone el consumo», dijo Petro, subrayando la carga desigual de una guerra que se ha cobrado «300.000 vidas en Colombia y un millón en América Latina».
Sus declaraciones se producen en medio de las crecientes tensiones entre Bogotá y Washington a raíz de los ataques militares llevados a cabo por la administración Trump contra los llamados barcos del narcotráfico. Petro presentó su propuesta como una alternativa racional a décadas de políticas de interdicción infructuosas que han perpetuado la violencia en toda América Latina.
Para las exportaciones legales
Petro instó a EE UU a sustituir su estrategia punitiva por un sistema regulatorio que trate el cannabis como un producto agrícola legal. Propuso eliminar los aranceles a los productos colombianos y legalizar la exportación de cannabis, «como cualquier otro producto», en línea con la decisión de las Naciones Unidas de reclasificar el cannabis en los tratados internacionales y el reconocimiento de sus usos menos peligrosos y medicinales.
Según Petro, este cambio no sólo reduciría el tráfico ilícito, sino que también fortalecería la economía legal en los países productores.
«Trump también debería reforzar la política de prevención del consumo en EE.UU.», añadió, pidiendo una investigación científica para determinar si la prohibición es realmente eficaz o si un consumo regulado por el Estado lograría mejor los objetivos de salud pública.
El líder colombiano sugirió que un nuevo tratado internacional podría centrarse menos en la criminalización y más en rastrear y confiscar los activos de los narcotraficantes en todo el mundo, una medida que podría cortar la espina dorsal financiera del crimen organizado de forma más efectiva que las medidas punitivas.
Conflicto diplomático y reforma nacional
El intercambio escaló rápidamente después de que Trump se refiriera a Petro como el «líder del narcotráfico«, lo que llevó al Departamento del Tesoro de EE.UU. a imponer sanciones al presidente colombiano, a su familia y a varios de sus asesores por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.
A pesar de estas acusaciones, el programa nacional de Petro sigue adelante. Los legisladores colombianos ya han dado su aprobación inicial a un proyecto de ley para legalizar el cannabis en todo el país, cuya primera votación en comisión tendrá lugar en agosto. La legislación representa el último paso en un plan más amplio para alejar a Colombia de su dependencia de décadas de políticas prohibicionistas.
Petro aboga desde hace tiempo por la legalización del cannabis como medio para reducir el mercado ilícito y la violencia. En 2023, criticó a los legisladores por bloquear una reforma anterior, acusándolos de perpetuar el tráfico y el derramamiento de sangre asociado a él.
La ironía de la guerra global contra las drogas
En la postura de Petro también influye su percepción de la hipocresía occidental en la política antidrogas. Tras visitar Nueva York en 2023, se dio cuenta de que los dispensarios legales de cannabis operaban abiertamente en el mismo país que había lanzado la guerra global contra las drogas. En su opinión, este contraste pone de manifiesto una «enorme hipocresía» en las relaciones internacionales.
En la Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre Drogas de 2023, Petro denunció la guerra contra las drogas como un «genocidio», afirmando que Colombia y México seguían siendo «las principales víctimas de esta política». Su discurso ante las Naciones Unidas en 2022 reforzó este mensaje, urgiendo a los Estados miembros a abandonar la prohibición y buscar soluciones justas y sostenibles a la crisis mundial de las drogas.
También vinculó la legalización a la justicia social, pidiendo la liberación de los encarcelados por delitos relacionados con el cannabis una vez que se aplique la regulación.
Por su parte, Trump no se ha mostrado dispuesto a perseguir la legalización federal del cannabis. Aunque en agosto insinuó que podría anunciarse una decisión de reclasificación «en las próximas semanas», su administración se ha centrado en gran medida en medidas militares y represivas, incluidos ataques extrajudiciales contra barcos sospechosos de transportar drogas a EEUU.
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