El pasado miércoles, el Senado español votó en contra de la aprobación de una ley propuesta por la Izquierda Confederal para regular los clubes de cannabis en todo el país, anunciando un futuro aún más complicado para los clubes de cannabis españoles.
La gran mayoría del partido conservador PP, el partido socialista PSOE y el partido ultraconservador VOX votaron en contra de la propuesta.
En cambio, los partidos de izquierda Geroa Bai, ERC, EH Bildu, así como el partido catalán JxCAT y el partido liberal Ciudadanos, votaron a favor. El PNV vasco y el PAR aragonés se abstuvieron.
El proyecto de ley, el primero sobre el cannabis que se debate en el pleno de una de las dos cámaras españolas, preveía un máximo de 4m² de cultivo en interior por persona y 8 plantas en exterior, con un consumo máximo de 10 gramos por persona y día. Además, establecía que tanto los usuarios particulares como las asociaciones tendrían que inscribirse en un registro creado en cada comunidad autónoma para hacer cumplir las normas establecidas, y que los Clubes tendrían que garantizar un consumo responsable.
El senador navarro de Geroa Bai, Koldo Martínez, ponente y defensor de la iniciativa, afirmó que no se trata de «legalizar sin más» el consumo o el autocultivo de cannabis «como si se tratara de una barra libre», sino de poner límites legislando de forma estricta y coherente, y así poder diferenciar los Clubes del mercado ilegal.
El senador navarro también afirmó que existe una tendencia mundial hacia la legalización y que cada vez más países optan por legislar sobre todo lo relacionado con la planta. El senador lamentó la falta de «un marco normativo claro, actual y coherente, de acuerdo con los principios constitucionales», que provoca una «indeseable inseguridad física y jurídica» para los consumidores y las organizaciones.
En España existen actualmente unos 1.500 clubes de consumo de cannabis, dijo el senador, que recordó que en Navarra, Cataluña, País Vasco y Baleares están regulados, así como en muchos municipios que han aprobado ordenanzas para organizar su actividad.
Argumentos que no convencieron a los socialistas, cuya portavoz, Patricia Abascal, negó que la normativa actual en España «esté obsoleta» y apostó por iniciar una regulación del uso medicinal del cannabis que «abra una puerta para seguir avanzando», pero siempre teniendo en cuenta que es una droga y su consumo tiene muchos perjuicios para la salud pública.
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