La prensa marroquí se hace eco de una posible operación internacional de tráfico de drogas en la que están implicadas una veintena de personas, entre policías, funcionarios, directivos de empresas, un notario y un promotor turístico.
Las dos figuras centrales son Saïd Naciri, propietario y financiero del Wydad Casablanca, el mayor club de fútbol de Marruecos, y Abdenbi Bioui, un importante empresario de la construcción y del sector inmobiliario. Ambos son miembros del Partido Autenticidad y Modernidad (PAM), un partido estrechamente vinculado a la política y los negocios en Marruecos, y también a favor de la legalización del cannabis en el reino.
Los cargos que se les imputan van desde tráfico internacional de drogas a formación de banda criminal, blanqueo de capitales, expolio y falsificación de documentos oficiales. El caso tiene su origen en las revelaciones de un narcotraficante conocido como «el Malí» o «el Pablo Escobar del Sáhara», que actualmente cumple condena en prisión, y que implicó a Naciri y Bioui en el tráfico de cannabis a gran escala a partir de 2010.
El traficante afirma que sus presuntos cómplices se apoderaron de sus bienes en Marruecos cuando fue encarcelado en 2015, incluidas propiedades en Casablanca. Su segunda detención en 2019, en relación con un envío de 40 toneladas de cannabis, aclaró el caso. Naciri y Bioui fueron detenidos posteriormente y están bajo custodia desde el 22 de diciembre.
A pesar de la gravedad de las acusaciones, el abogado de Naciri niega cualquier vinculación con el narcotráfico internacional o el blanqueo de dinero, y afirma que Naciri se limitó a prestar asistencia personal a un conocido. Naciri y Bioui, ambos miembros del PMA, han suspendido voluntariamente su afiliación al partido, y el PMA ha subrayado que el partido no ofrece ninguna protección frente a la ley.
Este caso se suma a una tendencia creciente de investigaciones y condenas contra representantes electos en Marruecos, con al menos seis miembros actualmente en prisión de los 395 que componen la Cámara de Representantes. La situación se considera emblemática de un problema más amplio en el que los partidos políticos dan prioridad a asegurarse los votos de los notables, lo que da lugar a prácticas cuestionables. Se espera que el proceso judicial contra Naciri y Bioui continúe, con la primera sesión de interrogatorios prevista para el 25 de enero, lo que promete una importante saga política y judicial en 2024.
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