El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, ha decidido renunciar a legalizar el cannabis recreativo en Costa Rica, después de que dos años de promoción y esfuerzos acabaran finalmente en un estancamiento legislativo.
Presión inicial para la legalización
La campaña por la legalización del cannabis recreativo comenzó en serio bajo la administración Chaves. Hace dos años, en el informe de trabajo que marcaba los primeros 100 días de su gobierno, el presidente Rodrigo Chaves anunció su intención de presentar un proyecto de ley para legalizar el cannabis recreativo. El proyecto de ley fue presentado oficialmente a la corriente legislativa el 5 de octubre de 2022 y ha comenzado a discutirse en la Comisión de Medio Ambiente.
A pesar del impulso inicial, el proyecto de ley encontró una fuerte resistencia durante las audiencias organizadas por la Comisión de Medio Ambiente. Aunque logró cosechar algunos votos a su favor, la opinión mayoritaria dentro del foro legislativo se opuso a la iniciativa. El proyecto de ley espera ahora una votación en el Pleno, donde es probable que se archive indefinidamente.
Sin embargo, Chaves ha defendido apasionadamente la legalización del cannabis, alegando dos razones principales: la reducción de la actividad delictiva y la generación de ingresos adicionales para el Estado a través de los impuestos. En febrero de 2024, subrayó la importancia de esta legislación: «He propuesto al Congreso una ley para legalizar el cannabis. Hoy es ilegal. Y quienes lo consumen, lo venden, lo transfieren están infringiendo la ley, son delincuentes»
A pesar de su fervor, Chaves reconoció que las posibilidades de éxito de su proyecto de ley eran cada vez menores. Expresó su frustración con el proceso legislativo, diciendo: «La Asamblea tiene tanto que ver con la delincuencia, ahora con los arrendamientos mineros, y ya lo han guardado, así que si no pueden tomarse la sopa que les damos de aperitivo, ¿por qué vamos a seguir llevándoles chicharrones?»
Cambio de estrategia y defensa continuada
A pesar de la desestimación del proyecto de ley original, la campaña para legalizar el cannabis no ha terminado del todo. La atención se centra ahora en otra propuesta legislativa, el proyecto de ley 24.176, que pretende autorizar y regular el cultivo doméstico de cannabis para uso personal. La iniciativa es impulsada por el diputado Ariel Robles, quien sostiene que autorizar el autocultivo es fundamental para proteger la salud, los derechos humanos y la seguridad de los consumidores, al ofrecer una alternativa legal al mercado de drogas ilícitas.
Argumentos a favor y en contra
El movimiento legislativo para legalizar el cannabis ha suscitado un animado debate entre legisladores y ciudadanos. El diputado Manuel Morales, del Partido del Progreso Socialdemócrata (PPSD), ha sido un firme defensor de la iniciativa.
Destacó sus beneficios económicos: «Tenemos un mercado de 120 millones de dólares al año sólo por el consumo de cannabis, que ahora es legal [ndlr: despenalizado] en Costa Rica. Lo que es ilegal es adquirir el producto a través de narcotraficantes, lo que es peligroso para los consumidores».
Morales también abordó cuestiones de salud pública, sugiriendo que una educación adecuada sobre el consumo de cannabis podría mitigar los riesgos potenciales. Comparó este enfoque con la educación sexual, abogando por un consumo informado y responsable para reducir los ingresos hospitalarios por intoxicación.
En el otro lado del debate, los diputados de Liberación Nacional y Nueva República se mostraron rotundamente en contra. Consideran que la legalización podría provocar un aumento del consumo y de la presión sobre los servicios de salud pública. A pesar de estas preocupaciones, los partidarios de la legalización, como Robles, subrayan la importancia de proporcionar medios legales para adquirir cannabis con el fin de proteger a los consumidores de los peligros asociados al mercado ilícito.
Contexto general e implicaciones
Este esfuerzo legislativo forma parte de un debate más amplio sobre la política de drogas en Costa Rica. Históricamente, el país ha sido tanto productor como consumidor de cannabis. En una conferencia de prensa celebrada el 6 de diciembre, Chaves reconoció que «Costa Rica ha sido un exportador neto de cannabis durante muchos años y ahora estamos importando cantidades muy grandes. Es un problema grave».
La actual prohibición del cultivo y la comercialización de cannabis se recoge en el artículo 58 de la Ley de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. Esta ley limita el cultivo al uso personal, sin intención de comercialización.
Perspectivas de futuro
Aunque Chaves ha abandonado su inicialmente agresiva postura sobre la legalización del cannabis, la cuestión sigue siendo un tema controvertido y en evolución dentro de la política costarricense. El resultado del proyecto de ley 24.176 será seguido de cerca durante el proceso legislativo. Si tiene éxito, podría marcar un cambio significativo en el enfoque del país sobre la regulación del cannabis, equilibrando las preocupaciones de salud pública con la necesidad de socavar los mercados de drogas ilícitas.
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