La primera fase de la prohibición federal de los cannabinoides derivados del cáñamo entró en vigor el 12 de noviembre de 2026 y, por el momento, se aplica únicamente a los cannabinoides que no están presentes de forma natural en la planta de cannabis. Para el 11 de diciembre está prevista una prohibición mucho más amplia, que afectará a un sector valorado en 28 mil millones de dólares.
Las restricciones federales comienzan por los cannabinoides sintéticos
Las primeras medidas federales prohíben la producción y la venta de cannabinoides sintéticos que no puedan ser producidos de forma natural por Cannabis sativa L. Cannabinoides como el delta-8 THC y el delta-9 THC, que están presentes de forma natural en el cannabis, no se ven afectados por esta primera fase, aunque también puedan obtenerse mediante conversión química.
La situación del HHC (hexahidrocannabinol) sigue siendo controvertido, ya que investigaciones científicas han identificado trazas de este compuesto en el cannabis.
La Food and Drug Administration (FDA) aún no ha publicado la lista de cannabinoides de origen natural que está legalmente obligada a facilitar, lo que deja a las empresas sin directrices normativas definitivas.
Próximo paso: el 11 de diciembre
El siguiente paso tendrá lugar el 11 de diciembre de 2026, fecha en la que se prevé que la normativa federal restrinja considerablemente la definición de cáñamo legal.
En virtud del nuevo marco normativo, el cáñamo no deberá contener más del 0,3 % de THC total, incluido el THCA, en peso seco. Los productos acabados que superen los 0,4 miligramos de THC total por envase ya no estarían cubiertos por la exención federal relativa al cáñamo.
Estas disposiciones suponen una amenaza para numerosas bebidas con THC y otros productos comestibles que contienen cannabinoides derivados del cáñamo, comercializados desde la Ley Agrícola de 2018. La venta en línea de los productos en cuestión también pasaría a ser ilegal.
El Congreso había aplazado anteriormente estas restricciones más amplias para permitir las negociaciones sobre un sistema regulatorio alternativo. No está claro si los legisladores lograrán llegar a un acuerdo antes del 11 de diciembre.
Las bebidas con THC se convierten en un tema de controversia política
El mercado de las bebidas con THC derivado del cáñamo cuenta con el apoyo inesperado de los grandes distribuidores de alcohol, partidarios de una regulación similar a la de las bebidas alcohólicas.
Entre ellos, Total Wine & More defiende el mantenimiento de las bebidas con bajo contenido en THC en un circuito regulado. Según una encuesta encargada por la cadena, el 85 % de los más de 2 000 votantes encuestados se opone a su prohibición. La empresa afirma también que más de 300 000 estadounidenses han interpelado al Congreso sobre este tema.
En el Congreso, varios diputados demócratas y republicanos proponen una alternativa a la prohibición: límites de edad, controles de laboratorio, normas de etiquetado y tributación. Los diputados Beth Van Duyne y Greg Landsman defienden, en particular, una regulación de las bebidas con THC inspirada en la del alcohol.
Los estados, divididos sobre el cáñamo, en un contexto de competencia con el cannabis legal
Más allá del debate federal, la regulación de los productos con THC derivado del cáñamo divide a los estados estadounidenses. Si bien Misuri, por ejemplo, reforzó sus restricciones el 12 de noviembre, otras medidas se enfrentan a impugnaciones judiciales.
En Illinois, unas 250 empresas del sector del cáñamo han conseguido así una suspensión judicial frente a las nuevas restricciones del estado. Está prevista una vista para el 19 de noviembre con el fin de examinar su recurso, basado, entre otras cosas, en un posible obstáculo al comercio interestatal. Se están llevando a cabo procedimientos similares en Ohio, Texas y Virginia.
Detrás de estas batallas normativas se libra también una guerra comercial entre los sectores del cáñamo y del cannabis legal. Algunos operadores autorizados de cannabis medicinal o recreativo denuncian la competencia de productos psicoactivos derivados del cáñamo, comercializados fuera de los dispensarios y que eluden parte de los impuestos y obligaciones impuestos al cannabis regulado.
Por ello, reclaman que estos productos estén sujetos a las mismas normas, o incluso que su venta se reserve a los dispensarios autorizados. Por el contrario, las empresas del cáñamo defienden un marco normativo específico, que les permita mantener su actividad al tiempo que se refuerzan los controles sanitarios.
A medida que se acerca la plazo federal del 11 de diciembre, estas tensiones ilustran los retos económicos de un mercado cuyas normas siguen estando profundamente fragmentadas.
