Ante la escalada de violencia vinculada al crimen organizado en Francia, el grupo parlamentario francés La France Insoumise (LFI) ha expresado fuertes críticas a la estrategia del gobierno.
Según el «plan de lutte» desvelado, la respuesta represiva del gobierno no sólo es insuficiente, sino que está alimentando la inseguridad, empujando a ciudadanos y funcionarios a un ciclo de violencia. LFI reclama un enfoque global y comunitario de la lucha contra el crimen organizado en Francia, que incluya la legalización del cannabis.
Pasar de la represión a la regulación
Las propuestas de LFI ponen de relieve una crítica al enfoque actual del gobierno, que se ha centrado en gran medida en medidas represivas contra el tráfico de drogas. Según LFI, esta estrategia no sólo es ineficaz sino peligrosa. Argumenta que centrarse exclusivamente en el «narcotráfico» descuida la arquitectura general del crimen organizado e incluso refuerza las redes criminales al forzar estas actividades a la clandestinidad.
Citando factores como las desigualdades económicas y sociales que contribuyen al aumento de la delincuencia organizada, LFI propone un enfoque más holístico. Sostiene que «la criminalización de la producción, distribución y consumo» de sustancias como el cannabis ha creado involuntariamente un próspero mercado negro, que a su vez financia otras actividades ilegales, como el tráfico de armas y el blanqueo de dinero. Esta situación, argumentan, intensifica la violencia y aumenta la vulnerabilidad de las comunidades.
LFI sugiere que las actuales políticas prohibicionistas son un fracaso, ya que no reducen el consumo ni combaten eficazmente la violencia asociada al mercado negro.
Por ello, LFI ha hecho de la legalización del cannabis parte de su estrategia. Para LFI, la legalización no es sólo una cuestión de libertad individual o salud pública; es una decisión económica calculada diseñada para «quitar el viento de las velas de los traficantes» transfiriendo la producción, distribución y venta de cannabis a un marco legal controlado en línea con una propuesta ya presentada por el grupo LFI hace unos años. Con la legalización del cannabis bajo control estatal, LFI pretende eliminar una fuente de ingresos clave para las organizaciones delictivas.
La propuesta aboga por la creación de un organismo administrativo público que supervise la producción y distribución de cannabis. Este organismo regularía el cultivo, concedería licencias de venta y establecería directrices de control de calidad, creando así un mercado regulado.
Según el plan de la LFI, la venta de cannabis controlada por el Estado fomentaría una economía legal en torno a la industria, generando ingresos fiscales y reduciendo al mismo tiempo la influencia del crimen organizado en el sector. El plan también prevé permitir el autocultivo (hasta cinco plantas por hogar) y fijar la edad mínima para la compra y el consumo en 18 años, similar a la ley Evin de Francia sobre restricciones a la publicidad del alcohol.
Siguiendo el ejemplo de países como Alemania, LFI propone mantener la ilegalidad de conducir bajo los efectos del alcohol, pero adaptando las medidas de control para que sean a la vez justas y eficaces.
Afrontar el crimen organizado de forma integral
La propuesta de LFI va más allá de la legalización del cannabis. Su enfoque integral para desarmar el crimen organizado incluye 14 medidas detalladas para abordar el problema desde múltiples ángulos:
- Reforzar los recursos judiciales y policiales
- Centrarse en la prevención eficaz apoyando programas juveniles y comunitarios y garantizando la disponibilidad de servicios sociales en las zonas de riesgo
- Combatir el tráfico de armas
- Para contrarrestar la «omerta» (código de silencio) que rodea al crimen organizado, la BIA pide un estatus de delincuente arrepentido para fomentar la cooperación de los infiltrados, así como un compromiso para apoyar a las víctimas de las organizaciones criminales
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