A medida que se acerca la sesión legislativa de 2025, los legisladores de Pensilvania intensifican sus esfuerzos para reformar la política del cannabis en uno de los últimos estados de EEUU que aún no lo ha despenalizado, con propuestas que van desde la despenalización de la posesión hasta la legalización total del consumo para adultos.
Propuesta de despenalización
El representante demócrata Danilo Burgos ha lanzado una campaña para presentar un proyecto de ley que despenalizaría la posesión de cannabis, proponiendo que los delitos de bajo nivel se reduzcan a un delito sumario castigado con una multa de 100 dólares. Esta reforma eliminaría la pena de prisión para este tipo de delitos, un cambio significativo respecto a la actual clasificación de delitos, que conlleva penas de hasta 30 días de cárcel o 500 dólares de multa.
Burgos destacó el impacto desproporcionado de las detenciones relacionadas con el cannabis en las comunidades de color: «Las condenas por delitos menores relacionados con el cannabis pueden tener consecuencias de por vida… incluidas las dificultades para encontrar vivienda y empleo.» Instó a sus colegas a apoyar el esfuerzo, llamándolo «un paso vital en la reforma de nuestro sistema de justicia penal y la reducción de las disparidades raciales».
Aumento del apoyo a la legalización
Aunque la despenalización se considera un paso positivo, muchos defensores y legisladores presionan para que se lleven a cabo reformas más amplias. El representante demócrata Dan Frankel presentó recientemente un proyecto de ley que propone un modelo de venta gestionado por el Estado para el cannabis de uso adulto. Este modelo pretende equilibrar la accesibilidad y el control normativo.
Los representantes demócratas Aaron Kaufer y Emily Kinkead, por su parte, han presentado un proyecto de ley de legalización respaldado por otros 15 copatrocinadores. El gobernador Josh Shapiro reiteró su apoyo al fin de la prohibición, subrayando su compromiso de incluir la legalización del cannabis en su próxima propuesta presupuestaria.
Según un informe reciente, Pensilvania podría generar hasta 2.800 millones de dólares en ventas anuales de cannabis para uso adulto, 720 millones en ingresos fiscales y la creación de 45.000 puestos de trabajo. La dinámica regional amplifica la urgencia de la situación para los activistas, con estados vecinos como Nueva York y Nueva Jersey que ya avanzan hacia la legalización.
Cambio de perspectivas en la legislatura
La presidenta republicana del Senado, Kim Ward, tradicionalmente cauta respecto a la legalización, manifestó recientemente su oposición a las detenciones por posesión de cannabis. Los defensores de la legalización ven sus comentarios como una señal prometedora del cambio de perspectivas en la cámara alta del estado.
Al mismo tiempo, la movilización popular sigue desempeñando un papel crucial. Durante la Semana del Cannabis Negro, un evento local, los legisladores demócratas se unieron a líderes comunitarios para debatir los imperativos económicos y de justicia social que impulsan los esfuerzos de legalización.
El programa de cannabis medicinal de Pensilvania también ha avanzado recientemente. En octubre, el gobernador Shapiro firmó una ley que desgrava impuestos a los dispensarios para apoyar al sector, que sigue limitado por las políticas fiscales federales.
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