Tres años después de legalizar el cannabis con fines médicos, Albania sigue sentando las bases de su futura industria. Aunque el Parlamento autorizó su cultivo y transformación a partir de julio de 2023, la puesta en marcha del dispositivo avanza progresivamente, entre anuncios de licencias, dudas sobre las superficies autorizadas y la adopción sucesiva de nuevas obligaciones para los operadores.
Última medida hasta la fecha: en octubre de 2026, el Gobierno albanés aprobó una nueva serie de medidas destinadas a regular toda la cadena de producción del cannabis medicinal e industrial. Entre ellas figuran: trazabilidad de las plantas desde la semilla hasta la exportación, vigilancia por vídeo permanente, inspecciones sin previo aviso y refuerzo de las competencias de la Agencia Nacional de Control del Cannabis.
Estas disposiciones deben permitir estructurar un sector legal en un país históricamente asociado a la producción ilícita de cannabis, al tiempo que aportan mayores garantías a los inversores y a las autoridades de control.
Una legalización que tarda en materializarse
En julio de 2023, el Parlamento albanés aprobó, por 69 votos a favor y 23 en contra, una ley que autoriza el cultivo y la transformación del cannabis con fines médicos e industriales. El texto preveía, en particular, la creación de una autoridad encargada de supervisar las actividades de los futuros operadores.
Pero el paso de la legalización a la puesta en marcha efectiva de una industria regulada está resultando más complejo. En junio de 2025, el Gobierno anunció autorizaciones para unas 29 000 hectáreas, mientras que el límite legal de cultivo se había presentado como limitado a 200 hectáreas. Esta aparente contradicción había suscitado fuertes críticas por parte de la oposición y dudas sobre las modalidades de concesión de las licencias.
Tres años después de la aprobación de la ley, Albania aún no ha completado la implantación del marco normativo de su sector del cannabis medicinal.
Trazabilidad obligatoria desde la semilla hasta la exportación
La nueva normativa establece un sistema de trazabilidad del cannabis, desde la semilla hasta la exportación, que abarca todas las etapas de la producción, desde el cultivo hasta la transformación, pasando por el secado, el almacenamiento y el transporte. Los operadores deberán consignar los movimientos de las plantas y las materias primas en un registro nacional centralizado, en el que también se recogerán las licencias, las inspecciones y las posibles sanciones administrativas. Los cultivos deberán identificarse con precisión y se deberá informar a las autoridades al menos 15 días antes de cada cosecha, cuyos volúmenes deberán declararse de inmediato.
La normativa refuerza asimismo las competencias de la Agencia Nacional de Control del Cannabis, que podrá acceder en todo momento a las cámaras de vigilancia de las instalaciones autorizadas y recurrir a tecnologías de control a distancia, en particular drones, sensores medioambientales y sistemas satelitales. Además de las inspecciones programadas, la agencia podrá llevar a cabo controles sin previo aviso en caso de sospecha de irregularidades, falta de declaración o incumplimiento de las obligaciones de seguridad. La información recabada podrá servir como prueba en el marco de procedimientos administrativos, civiles o penales.
Con estos nuevos requisitos, Albania pretende garantizar un control continuo de su sector legal y limitar los riesgos de desvío hacia el mercado ilícito, para evitar que se repita lo ocurrido en Macedonia del Norte, al tiempo que impone a los futuros operadores importantes obligaciones técnicas y administrativas.
Una cadena de suministro que hay que construir en un contexto de tráfico histórico
El endurecimiento de la normativa se produce en un país donde la producción ilícita de cannabis ocupa históricamente un lugar importante. Según el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT), Albania figura entre los principales productores de cannabis cultivado al aire libre en la región de los Balcanes. Aunque las incautaciones han disminuido considerablemente, pasando de 78 toneladas en 2017 a unas 3,6 toneladas en 2021, el cultivo clandestino sigue siendo un reto para las autoridades.
La perspectiva de una industria legal también ha suscitado inquietudes respecto a los riesgos de infiltración del sector por parte del crimen organizado. La oposición albanesa ha denunciado, en particular, la falta de transparencia en torno a la concesión de autorizaciones de cultivo, por temor a que la nueva industria beneficie a redes ya implantadas en el país.
En este contexto, las nuevas obligaciones de trazabilidad y vigilancia deben permitir a las autoridades distinguir mejor las actividades legales de los circuitos ilícitos. Queda por ver si este dispositivo, especialmente exigente sobre el papel, podrá aplicarse de manera eficaz a medida que se desarrolle el sector.
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