El cannabis en Uganda
Anulada la prohibición del cannabis y el khat en Uganda
El Tribunal Constitucional de Uganda ha anulado una ley que penalizaba drogas y estupefacientes como el cannabis y el khat.
La decisión es consecuencia de una demanda presentada hace seis años por un grupo de cultivadores de khat en respuesta a la Ley (de Control) de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 2015, que fue derogada en su totalidad después de que el Tribunal dictaminara que se había aprobado sin el quórum necesario en el Parlamento.
Para que una ley sea debatida y aprobada por el parlamento ugandés, debe estar presente en la cámara al menos un tercio de todos los miembros con derecho a voto. Aunque la ley haya sido anulada, sigue existiendo el riesgo de detención por cultivo, posesión, consumo o venta de drogas prohibidas o restringidas por otras leyes ugandesas.
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Los cultivadores contra el Estado
En la petición de 2017, los agricultores ugandeses, bajo la égida de su organización paraguas, Wakiso Miraa Growers and Dealers Association, pidieron al Tribunal Constitucional que anulara la ley aprobada por el Parlamento del país, que según ellos no cumple con los principios de legalidad, igualdad, racionalidad y proporcionalidad garantizados por la Constitución, ya que nunca fueron consultados.
Los cultivadores también argumentaron que se veían perjudicados por la forma en que la ley pretende prohibir el cultivo, la posesión, el consumo, la venta, la compra, el almacenamiento, la distribución, el transporte, la exportación, la importación y otras transacciones relacionadas con el cultivo, alegando que la decisión no estaba respaldada por ninguna prueba, científica o de otro tipo.
El viernes pasado, el Tribunal Constitucional de Uganda, representado por un panel de cinco jueces, dictaminó que la forma en que se había promulgado la ley era ilegal y que la única solución era derogarla.
«En la fase de votación, el proyecto de ley debe recibir un número suficiente de votos para ser aprobado legalmente. El número suficiente de votos lo prescribe el apartado 1 del artículo 89 de la Constitución. Es el quórum de la mayoría».
Los jueces del Tribunal Constitucional consideran, por tanto, que todo proyecto de ley aprobado sin que se haya seguido el procedimiento mencionado es nulo de pleno derecho.
«Ya he establecido que, según las pruebas presentadas ante el Tribunal, el Presidente del Parlamento no comprobó el quórum requerido por el artículo 23.3 del Reglamento del 9º Parlamento, 2012. También constaté que las pruebas presentadas ante el tribunal apoyaban el argumento de los peticionarios de que no había quórum en el momento de la aprobación del proyecto para la promulgación de la ley», dictaminó el juez Kibeedi.
Derogación de la ley
Al derogar toda la ley, el juez Kibeedi sostuvo que, dado que las disposiciones que prohíben el comercio de miraa, el nombre local del khat, no fueron tratadas por el Parlamento de forma independiente del resto de disposiciones de la Ley (de Control) de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 2015, toda la ley debe ser anulada.
«Como tal, no hay nada que salvar en la Ley impugnada», dictaminó, antes de anular la Ley y condenar en costas a la demandante.
Comentando la sentencia, Kizito Vincent, presidente de los demandantes, saludó el hecho como una gran victoria.
«Es una gran victoria para un agricultor ugandés que vende miraa. Antes, nuestros miembros habían sido detenidos, sus negocios destruidos y muchos otros habían perdido sus propiedades. Tras la promulgación de la ley, nuestros negocios quedaron paralizados porque ya no podíamos exportar y vender libremente, a pesar de que tenemos suficientes investigaciones científicas para demostrar que el miraa no es peligroso», afirmó el Sr. Kizito.
«Las investigaciones que hemos llevado a cabo demuestran que el miraa es tanto un alimento como un medicamento. Muchos de nuestros miembros han podido educar a sus hijos y construir casas gracias a la venta y el comercio de miraa, pero el gobierno no tuvo esto en cuenta cuando elaboró esta ley.»
Afirmó estar dispuesto a colaborar con el gobierno para garantizar la racionalización de su negocio.
Sin embargo, según los expertos jurídicos, la derogación de la ley actual significa que la ley anterior, la Ley Nacional de Política y Autoridad en materia de Drogas, sigue en vigor para llenar el vacío.