El mercado del cannabis legal en el estado de Nueva York está siendo objeto de un intenso escrutinio tras las revelaciones de que productos de otros estados están llegando a los dispensarios neoyorquinos.
El fenómeno, conocido en el sector como «inversión», amenaza con socavar el ecosistema del cannabis legal del estado, además de obstaculizar los objetivos económicos locales y exponer a los consumidores a productos imposibles de rastrear.
El cannabis de fuera del estado inunda los dispensarios de Nueva York
A pesar de que las leyes federales y estatales exigen que todo el cannabis que se venda en Nueva York sea cultivado y procesado dentro de sus fronteras, investigaciones recientes indican que han florecido cadenas de suministro ilegales.
Marcas como Stiiizy, Heady Tree y Runtz han sido investigadas por distribuir presuntamente productos cultivados en la costa oeste a través de procesadores ubicados en Nueva York, entre ellos Omnium Canna, en Long Island.
Según un artículo del New York Times, los inspectores estatales iniciaron auditorías por sorpresa en las instalaciones de Omnium Canna en abril, a raíz de las quejas de que se había canalizado cannabis sin licencia hacia el mercado legal. Stiiizy y otras empresas han negado las acusaciones, mientras que la Oficina de Gestión del Cannabis (OCM), el regulador neoyorquino, no ha confirmado ni desmentido los resultados de los controles de conformidad.
Según un informe de la New York Medical Cannabis Industry Association (NYMCIA), «los productos de contrabando procedentes de la Costa Oeste […] amenazan el mercado legal del cannabis y engañan a los consumidores desprevenidos».
Los análisis de laboratorio han demostrado que algunos productos contienen firmas químicas que coinciden con los perfiles de suelo y pesticidas de la Costa Oeste.
El eslabón perdido: el sistema de seguimiento y localización
En el centro de la crisis, el Estado de Nueva York no ha implementado un sistema de seguimiento de la semilla a la venta a nivel estatal, a pesar de haber elegido a BioTrack como proveedor en 2022. Este software, que se supone que debe supervisar cada etapa de la producción y distribución de cannabis, sigue inactivo más de dos años después.
«No hay una buena explicación de por qué Nueva York no ha implementado un sistema de seguimiento y rastreo casi dos años y medio después de que comenzaran las ventas para uso adulto», dijo Hirsh Jain, fundador de Ananda Strategies, en un comunicado a MJBizDaily.
En su opinión, el enfoque laxo del Estado contrasta claramente con el de otros estados que, a pesar de los retrasos, han dado prioridad a la integridad de la cadena de suministro.
Los cultivadores y procesadores de cannabis autorizados del estado de Nueva York afirman que la falta de supervisión les ha dejado incapaces de competir con las importaciones ilícitas de bajo coste.
«El fracaso en la aplicación de un sistema eficaz de seguimiento y localización es una traición catastrófica a los agricultores del estado», dijo Joseph Calderone, presidente de la Cannabis Farmer Alliance, que actualmente está demandando a la OCM.
Objetivos de equidad comprometidos
La inversión no sólo afecta a las empresas, también trastoca los objetivos de equidad social del Estado de Nueva York.
El estado dio prioridad a los afectados por la justicia a la hora de implementar las licencias de venta al por menor para adultos, en un esfuerzo por reparar el daño causado por la prohibición del cannabis en el pasado. A medida que más y más cannabis ilícito entra en los dispensarios con licencia, estos operadores luchan por sobrevivir en un mercado donde la competencia no está regulada.
«Esta situación socava la integridad, la salud y la seguridad del sector y, por supuesto, los objetivos de equidad social y económica de Nueva York», afirmó Felicia Reid, directora ejecutiva en funciones de la OCM, en una reunión celebrada en marzo.
Jennifer Gilbert Jenkins, ex miembro de la Junta de Control del Cannabis, fue aún más tajante.
«El ritmo de retroceso de este mercado es el sucio secreto del que todo el mundo habla», afirmó. «La cantidad de producto de fuera del estado que llega a nuestros dispensarios legales autorizados está ocupando el lugar del producto de Nueva York»
Aunque el problema está ampliamente reconocido, nadie parece saber exactamente cuál es su gravedad. Los reguladores y los conocedores de la industria estiman que una parte significativa de los millones de dólares en ventas de cannabis para uso adulto del año pasado puede haber venido de fuera del estado, pero la falta de datos transparentes hace imposible la cuantificación.
Presión creciente
Ante la creciente presión, la OCM ha creado una Oficina de Prácticas Comerciales para investigar las violaciones de la cadena de suministro y promete «sanciones significativas» para quienes sean sorprendidos en el acto de inversión. Pero al no existir un sistema de control, la aplicación de la normativa sigue siendo limitada.
Mientras tanto, las marcas implicadas en el escándalo han negado haber cometido infracción alguna. Los representantes de Stiiizy y otras marcas mencionadas en el informe del Times afirman que sus productos cumplen la normativa estatal y que las auditorías de procesadores como Omnium Canna no han revelado infracciones. La OCM aún no ha confirmado ni desmentido públicamente estas afirmaciones.
Hasta que BioTrack no se aplique plenamente, el mercado neoyorquino del cannabis seguirá siendo vulnerable. La situación actual no sólo fomenta el abuso continuado por parte de malos actores, sino que también erosiona la confianza pública en el sistema legal del cannabis.
Y lo que es más importante, pone en peligro a las mismas personas -pequeños cultivadores, antiguos condenados a la espera de una licencia y pacientes- a las que se suponía que iba a ayudar la legalización.