El intento de independencia de Cataluña tiene repercusiones inesperadas. El gobierno español quiere recurrir la ley catalana de Clubes Sociales de Cannabis ante el Tribunal Constitucional del país.
El Consejo de Ministros español aprobó el viernes el recurso de inconstitucionalidad de la ley catalana del 6 de julio de 2017, que regula los Clubes Sociales de Cannabis.
El Gobierno español se ampara aquí enel artículo 161.2 de la Constitución, que le da derecho a impugnar las disposiciones y resoluciones adoptadas por las comunidades autónomas ante el Tribunal Constitucional. Cualquier impugnación da lugar a la suspensión de la disposición en cuestión, incluso antes de que el Tribunal haya examinado el asunto. Ya se había utilizado contra Navarra y el País Vasco, que también pretendían regular más los actuales Clubes de Cannabis.
Según el Ejecutivo, la ley vulnera las competencias exclusivas del Estado español, entre las que se encuentran las de derecho penal, sanidad, legislación farmacéutica, seguridad pública y cumplimiento de los acuerdos internacionales suscritos por España.
Cataluña no tendría competencias para aprobar una ley de este tipo «que no puede ampararse en el derecho de asociación, en la protección de los consumidores o en la protección de la salud e intentar regular y dar protección jurídica a actividades reguladas por el código penal». La adición de estos elementos al texto de la ley ignora por completo las competencias exclusivas del Estado y la normativa internacional.»
Cuando se anunció la legalización, Cataluña ya anunció que podría ser impugnada ante el Consejo Constitucional, pero recordó que la legalización del cannabis y su aplicación forman parte de su derecho como comunidad autónoma.
