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La Propuesta 215, 30 años después: cuando el cannabis en California era un movimiento, y no una industria

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Propuesta 215
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Treinta años después de la aprobación de la Proposición 215, el 5 de noviembre de 1996, el cannabis californiano se ha convertido en una industria de miles de millones de dólares. Dispensarios que parecen tiendas de Apple, productos analizados en laboratorio, licencias e impuestos que los activistas de entonces ni siquiera habrían imaginado. Sin embargo, muchos de los que elaboraron la ley lamentan lo que esta se ha llevado consigo.

Entre muchos cultivadores, pacientes y activistas, la nostalgia es intensa. Los años previos a la legalización de 2016 les dejan el recuerdo de una comunidad unida, de relaciones directas entre quienes cultivaban y quienes consumían, y de una actividad que se podía ejercer sin tener que pasar por las grandes empresas ni por sus costes de cumplimiento normativo.

1996: la ley sobre el uso compasivo

Con un 55,6 % de los votos, la Proposición 215, oficialmente Compassionate Use Act, se convirtió ese día en la primera ley de un estado estadounidense en legalizar el cannabis medicinal.

Surgió a raíz de la crisis del sida en San Francisco. Dennis Peron o Brownie Mary habían visto cómo los enfermos aliviaban el dolor, las náuseas y la pérdida de apetito gracias al cannabis. Junto con la enfermera Anna Boyce y la activista Valerie Corral, convirtieron una cuestión de compasión individual en una lucha política.

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El texto autorizaba a los pacientes que cumplieran los requisitos y a sus cuidadores principales a poseer y cultivar cannabis por recomendación médica, y les protegía de determinados procesos penales a nivel estatal. No legalizaba el consumo recreativo y dejaba intacta la prohibición federal. No obstante, ofrecía a los pacientes, por primera vez, una base jurídica explícita para acceder a una planta que Washington seguía prohibiendo.

Un equilibrio frágil frente a Washington

La Ley 215 se basaba en un equilibrio frágil. El cannabis seguía clasificado en la Lista I por la Ley de Sustancias Controladas de 1970, y los agentes federales de la DEA podían registrar clubes perfectamente legales según la legislación californiana. En 2005, la sentencia Gonzales v. Raich confirmó que Washington mantenía la última palabra, incluso sobre las plantas cultivadas en el hogar con fines médicos. Por lo tanto, los pacientes vivían bajo una protección estatal que la legislación federal no reconocía.

Las asociaciones de pacientes

La 215 no estableció la red de dispensarios legales que conocemos hoy en día. Durante años, pacientes, cuidadores, cultivadores y empresarios idearon sus propios métodos de distribución. Aprobado en 2003, el Senate Bill 420 aclaró algunos aspectos del sistema y estableció un marco para el cultivo colectivo.

En muchos municipios, estas cooperativas eran lugares de reunión y consumo. En ellas se intercambiaban consejos sobre el cultivo, información sobre el uso médico, y algunos ofrecían cannabis a precio reducido o lo regalaban a los pacientes sin recursos.

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El sistema tenía sus fallos. La ambigüedad normativa atrajo a operadores sin escrúpulos, y cada comunidad aplicaba la ley a su manera. Ya en 1998, el profesor de Derecho Michael Vitiello criticaba la redacción ambigua de la 215 y las deficiencias del procedimiento de iniciativa popular californiana. Sin embargo, esa flexibilidad tenía un efecto: permitía a los pequeños productores y a los pacientes tejer vínculos que el régimen de licencias haría mucho más difíciles de mantener.

El Triángulo Esmeralda, cuando se vivía de la cosecha

En el norte de California, los condados de Humboldt, Mendocino y Trinity conforman elEmerald Triangle, donde el cannabis medicinal ha sustentado toda una economía agrícola. Pequeñas explotaciones familiares, criadores independientes, recolectores temporeros, comercios locales: el mercado recompensaba la destreza de los cultivadores. Para muchos, el cannabis era también un estilo de vida, heredero del «retorno a la tierra» de los años 70.

Los precios al por mayor alcanzaban a veces niveles muy superiores a los del periodo posterior a la legalización. En una investigación de Modern Farmer publicada en 2023, un antiguo cultivador identificado solo por su nombre de pila, Pat, cuenta que los restaurantes se llenaban de equipos que celebraban el final de las cosechas y de trabajadores temporeros venidos de lejos para jornadas de poda muy bien remuneradas. «El condado tenía un ambiente diferente en aquella época», afirma.

2016: la Propuesta 64

Entre ambas votaciones, la ley de 2015 sobre la regulación del cannabis medicinal ya había sentado las primeras bases de un sistema de licencias. La Propuesta 64 no creó el régimen actual de un plumazo: generalizó y endureció un movimiento que ya estaba en marcha.

En noviembre de 2016, veinte años después de la 215, los californianos la aprobaron, legalizando el cannabis recreativo para adultos. De hecho, habíamos estado allí en esa época, justo después de la votación de noviembre. Las ventas comenzaron en enero de 2018. El texto prometía protección a los consumidores, ingresos fiscales y el fin de las sanciones penales para numerosas actividades. También imponía a los operadores un marco normativo muy estricto: licencias, controles, trazabilidad, envasado y cumplimiento de la normativa medioambiental.

Los cultivadores pagaron un alto precio. Acostumbrados a las normas locales, se encontraron ante un sistema estatal costoso y complejo, compitiendo con empresas mejor financiadas, mientras que el aumento de la producción hacía caer los precios al por mayor. En las regiones de cultivo tradicionales, los agricultores que habían superado décadas de prohibición se dieron cuenta de que operar legalmente no garantizaba la viabilidad.

California intentó dar una respuesta: denominaciones de origen, siguiendo el modelo del vino, para valorizar las producciones vinculadas a un terruño, como las del Emerald Triangle. El principio ya había sido establecido por la propia Propuesta 64, pero su aplicación es lenta y sus efectos sobre los pequeños productores siguen siendo limitados hasta la fecha.

«Joder, echo de menos la 215»

Cavalheiro, empresaria con una larga trayectoria en el sector del cannabis, resumió este sentimiento en 2024 ante las cámaras de KQED, durante una visita a la casa histórica de Dennis Peron en San Francisco. Allí dirigía antiguamente una empresa de cannabis medicinal. «Joder, cómo echo de menos la 215», soltó. Muchos de los pioneros del sector piensan lo mismo que ella: la legalización ha sustituido una cultura comunitaria por un sistema que beneficia a quienes son capaces de desenvolverse en una normativa costosa.

Martyjuana, cultivadora del condado de Mendocino, entrevistada por Higher Origins en 2023, describe una época en la que se trabajaba directamente con los pacientes y se ajustaban los precios a su situación. «En la época de la Proposición 215, era fácil vender a precios que apenas cubrían los costes», afirma. Hoy en día, los contratos de distribución obligatorios y la presión sobre los precios al por mayor hacen que este tipo de relación sea mucho más infrecuente.

John Casali, agricultor del condado de Humboldt, cumplió una condena en una prisión federal durante la prohibición. En 2023, confesó a Cannabis Business Times que la carga administrativa y financiera de una explotación autorizada le resultaba extremadamente pesada. Su caso ilustra una paradoja: algunos de los que lucharon por la legalización afirman hoy sentirse más vulnerables económicamente que antes.

Los pacientes, los grandes olvidados

Los cultivadores no son los únicos afectados. Una investigación de CalMatters de 2023 recoge la frustración de los pacientes que se sienten excluidos de un mercado recreativo al que habían contribuido a dar vida.

Bonnie Metcalf había recogido firmas a favor de la 215 antes de dirigir una cooperativa médica. Critica a la industria por anteponer la imagen de marca y la rentabilidad en detrimento de la atención sanitaria. Leona Powell, paciente desde hace mucho tiempo, recuerda el voluntariado en un huerto comunitario y las reuniones en las que se intercambiaban consejos mientras compartían una comida.

Para los pacientes con pocos recursos, la desaparición de muchos de estos colectivos ha supuesto la pérdida tanto de un medicamento asequible como de una red de apoyo. La California creó sí mecanismos que facilitaban la donación de cannabis medicinal, pero estos no sustituyeron a los circuitos informales de la época.

¿Una edad de oro?

La nostalgia solo cuenta una parte de la historia. La era del cannabis medicinal estuvo marcada por redadas federales, una gran inseguridad jurídica, una aplicación muy desigual de la ley de un municipio a otro y riesgos reales para pacientes y cultivadores. Un mercado poco regulado también ha favorecido daños medioambientales, desviaciones y abusos.

La legalización ha supuesto avances: una protección jurídica más clara para los adultos, controles de los productos, normas medioambientales y mecanismos para la eliminación de determinadas condenas relacionadas con el cannabis.

Además, los investigadores recuerdan que no se pueden achacar todas las dificultades de los pequeños cultivadores a la normativa. El exceso de producción, la competencia y la volatilidad de los precios influyen al menos en igual medida en la crisis. Por lo tanto, la cuestión no es si California debe volver a la incertidumbre de los años noventa, sino cómo puede preservar los valores que hicieron posible la reforma del cannabis medicinal.

Treinta años después

La Proposición 215 cambió mucho más que la legislación californiana sobre el cannabis. Sacudió la prohibición, empoderó a los pacientes, legitimó el cultivo e inspiró reformas en todo el país y más allá. Sin embargo, su legado sigue siendo contradictorio. California ha alcanzado un nivel de reconocimiento legal que los pioneros de 1996 difícilmente habrían podido imaginar, y muchos pacientes, cultivadores independientes y activistas que construyeron el movimiento se sienten alejados de la industria que surgió de él.

Su nostalgia no implica necesariamente un retorno a la ilegalidad. Lo que más echan de menos es una época en la que el cannabis parecía más accesible, más personal y orientado a la ayuda mutua. El próximo capítulo podría depender de la reconciliación de estas dos historias: un mercado legal, seguro y responsable, por un lado; y la promesa inicial de un acceso basado en la compasión, por otro.

Al fin y al cabo, la Proposición 215 nunca tuvo como objetivo crear una industria. Se trataba, ante todo, de dar a las personas la libertad de cuidarse unas a otras.

Aurélien creó Newsweed en 2015. Especialmente interesado en las normativas internacionales y los diferentes mercados del cannabis, también posee un amplio conocimiento de la planta y sus usos.

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